Populismo laboral

Rodrigo Ugarte

Los diputados Gael Yeomans y Andrés Giordano presentaron un proyecto de ley cuya idea matriz busca modificar sustancialmente la causal de despido por necesidades de la empresa, con la finalidad de dotar a los trabajadores de estabilidad en el empleo. Esto, basado en la premisa de que su actual regulación es genérica y permite el despido sin que exista causa real, asilado en la mera voluntad unilateral del empleador.

De esta forma, el proyecto incorpora como requisito que las necesidades se funden en antecedentes técnicos o económicos de carácter permanente, debido a circunstancias graves o irremediables, prohibiendo el reemplazo posterior del puesto de trabajo.

“El proyecto que modifica la causal de despido por necesidades de la empresa resulta de todo punto de vista absurdo y, además, injusto en relación con otras causales de despido de carácter disciplinario”.

Dicha exigencia, así como la prohibición de reemplazar al trabajador despedido sin límite de tiempo, suponen una exorbitante rigidización de la causal, en términos tales que, en los hechos, la harán impracticable. De aprobarse el proyecto, las empresas se verían impedidas de efectuar ajustes imprescindibles frente a situaciones que no obedecen a condiciones permanentes, sino coyunturales y que, no por ello, resultan menos necesarias, limitando –si no derechamente privándolas– de las legítimas facultades de administración y dirección que nuestro ordenamiento les concede.

Por otra parte, el proyecto modifica severamente las consecuencias jurídicas y económicas para el evento en que el despido sea declarado improcedente por un tribunal, estableciendo una facultad para el trabajador, quien podrá optar entre su reincorporación al puesto de trabajo en las mismas condiciones anteriores, junto con el pago de remuneraciones, beneficios y cotizaciones del período de separación, con reajustes e intereses; o bien, percibir las indemnizaciones por años de servicio aumentadas, esta vez, en un 100%, frente al actual 30%.

Así, el proyecto otorga un verdadero fuero a los trabajadores, puesto que el despido quedará bajo la condición que su demanda no sea acogida por los tribunales, juicio que puede tardar años. En caso de acoger la acción, se cumplirá tal condición; es decir, el trabajador tendrá la opción de volver a su puesto de trabajo, junto con el pago de todas las remuneraciones y beneficios acumulados por aquel período en que no prestó sus servicios.

Lo anterior resulta de todo punto de vista absurdo y, además, injusto en relación con otras causales de despido de carácter disciplinario, como ocurre con el despido de un trabajador por incumplimiento grave de sus obligaciones, quien no solo no contará con la prerrogativa de dicho fuero, sino que el aumento de su indemnización por años de servicio resultará menor que el contemplado en el proyecto.

En definitiva, el proyecto rigidiza excesivamente la causal de necesidades de la empresa, impidiendo a estas tomar aquellas medidas requeridas para adaptarse frente a situaciones que pueden no ser permanentes, pero no por ello menos graves e impostergables, particularmente frente a una economía cada vez más abierta, que exige más competitividad y dinamismo.